Existe consenso acerca de la necesidad de brindar al consumidor internacional un marco de protección tanto en el plano sustancial como en el procesal, destacándose asimismo que una regulación de fuente estrictamente nacional puede resultar insuficiente para tales propósitos. En el ámbito procesal, temas tales como el acceso a la jurisdicción, la consagración del forum actoris como regla básica, la posibilidad para el consumidor no residente de acceder a los mecanismos de solución de controversias no necesariamente judiciales previstos inicialmente para los residentes en idénticas condiciones que éstos, la instrumentación de mecanismos de cooperación judicial internacional especiales para los casos que involucran a consumidores, la efectividad de las sentencias dictadas en procesos fundados en relaciones de consumo, concitan la atención de los especialistas. Nos abocaremos en esta oportunidad a sólo uno de los aspectos comprendidos en la temática del acceso a la jurisdicción como es el de los acuerdos de elección de foro en contratos que involucran a consumidores y más precisamente en los mecanismos que pueden emplearse en el Derecho argentino vigente de fuente interna ² para su protección.

I.- SU ENCUADRE EN EL CPCCN

Sabido es que, como consecuencia de lo dispuesto por los arts. 1 y 2 del CPCCN, los acuerdos de prórroga de jurisdicción a favor de árbitros o jueces que actúan en el extranjero presupone la conformidad de partes y se encuentra sujeto a tres recaudos de admisibilidad: a) carácter exclusivamente patrimonial del asunto; b) índole internacional del asunto; c) ausencia de jurisdicción argentina exclusiva o prohibición legal de prórroga.

Tratándose de un caso de naturaleza patrimonial³, de índole objetivamente internacional merced a la presencia de elementos personales, reales o conductistas que permitan atribuirle tal carácter⁴ o en tanto su conexión con más de un sistema jurídico nacional plantee, al menos en el plano teórico, la posibilidad de suscitar un conflicto de jurisdicción internacional⁵, se sostiene en términos generales la validez del acuerdo.

El hecho de que en tal “asunto”  sea parte un consumidor torna en principio aplicables tales disposiciones. No obstante,   el análisis de la validez, de la admisibilidad y de los efectos de la cláusula de elección de foro adquiere un cariz especial con miras a su protección.

Así, en el plano de la “validez”,  cabría preguntarse si el presupuesto de conformidad de partes puede considerarse satisfecho por el solo hecho de que, con anterioridad a la controversia,  el consumidor hubiese suscripto un instrumento que contuviera una cláusula de tales características o bien  una remisión a condiciones generales de contratación que lo incluyeran, o  hubiera prestado su conformidad mediante la adhesión a condiciones generales predispuestas, aun mediante el silencio, entre otras posibilidades.

En el plano de los “recaudos de admisibilidad” parece necesario determinar si existe alguna norma que establezca jurisdicción argentina exclusiva o que resulte prohibitiva de la prórroga.

Y, finalmente,  en lo que se refiere a los “efectos”, aun cuando se predicara la validez y admisibilidad del acuerdo de elección de foro, parece necesario dilucidar si cabe otorgar a la jurisdicción así acordada el carácter de exclusiva.

La respuesta a tales cuestiones se vincula primordialmente al derecho aplicable al acuerdo de prórroga de jurisdicción, cuestión que, al no haber recibido en nuestro sistema jurídico de fuente interna una solución concreta, ha llevado a la doctrina a proponer diversas alternativas interpretativas. Así, cuando se trata de un acuerdo post litem natam, no parecería haber inconvenientes en que se rigiera por la  lex fori del tribunal prorrogado. En cambio,  cuando se trata de una prórroga ante litem natam, y sobre todo si  la misma se halla inserta en un contrato, las dificultades no tardan en aparecer puesto que parece necesario pronunciarse previamente acerca de la autonomía o no del acuerdo. En consecuencia, si se le niega autonomía al acuerdo, una primera aproximación al tema permitiría sostener que la validez de la cláusula se rige por el derecho aplicable al contrato;  ello importa tener que hacerse cargo en una etapa muy inicial del proceso de las dificultades que entraña la determinación del derecho aplicable al fondo, cuestión que aun cuando la partes hubieran elegido el derecho aplicable, no resulta sencilla,  y se presenta como contraria a la certeza, claridad y evidencia, a las que se aspira en la materia jurisdiccional. Si,  por el contrario,  se predica la autonomía o relativa autonomía del acuerdo de elección de foro , tal como parece ser la tendencia predominante, cabría la posibilidad, al menos teórica,  de que las partes hubieran elegido un derecho aplicable al acuerdo diferente del elegido para regir el fondo; en tal caso se plantearía también la cuestión vinculada a la validez del acuerdo de elección de derecho aplicable al acuerdo de elección de foro y una complicación adicional surgiría si las partes,  habiendo elegido el derecho aplicable al fondo,  no hubieran hecho lo propio en lo que se refiere al acuerdo, lo que frecuentemente ocurre en la práctica ⁶. 

Esta situación  ha llevado a la doctrina a resolver la cuestión con un criterio de efectividad y desde una visión perspectivista, examinando su validez a la luz del derecho procesal del tribunal prorrogado pero tomando en consideración el Derecho de otros Estados en los cuales eventualmente pudiera resultar necesario el reconocimiento y/o la ejecución de la sentencia que se dicte a fin de “sortear con éxito el análisis de la jurisdicción indirecta”⁷.

Sin embargo, en la búsqueda de tales respuestas, a nuestro de modo de ver, resulta apropiado tener presente que, como consecuencia de la calificación dual que se predica del acuerdo de elección de foro –contractual por su origen y procesal por su objeto y/o efectos-, deben distinguirse por un lado las cuestiones vinculadas a la formación del acuerdo de elección de foro, de naturaleza sustancial ,de aquellas que se vinculan a su admisibilidad y efectos, de naturaleza procesal. De ello se sigue que en el caso de las primeras, la solución “finca en la aplicación de los criterios vigentes para determinar el «estatuto contractual» mientras que en el caso de las segundas la solución debe ser hallada en la lex fori ⁸.

II.- ALGUNOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LEGE LATA A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN

II.1. ) ¿Es posible aplicar Derecho extranjero?

En el acápite anterior deslizamos que tal vez a partir de esta calificación pueda hallarse un mecanismo en la ley vigente, aunque rudimentario, de protección al consumidor internacional, cuando se trata de evaluar la existencia de consentimiento o de la conformidad de partes en los términos antes expuestos, máxime cuando la existencia de tales acuerdos, en la práctica, emana frecuentemente de contratos de adhesión⁹ y existen sistemas jurídicos con regulaciones más especializadas que el nuestro. Repárese que la tendencia doctrinaria y jurisprudencial predominante a la hora de evaluar las cláusulas de prórroga de jurisdicción internacional en contratos de adhesión a condiciones generales predispuestas afirma que tal circunstancia por sí sola no resulta invalidante del consentimiento contractual salvo que se constate la existencia de una irrazonable disparidad del poder negociador o una lesión al derecho de debido proceso al colocar al adherente en situación de grave dificultad de acceso a la justicia y propone evaluar la conformidad de partes de acuerdo a las reglas de la moderna contratación, tomando en consideración la persona del adherente y la excusabilidad del error, estimando de utilidad la regla del art. 929 del CC¹⁰¹¹. Aunque con flexibilidad, lo cierto es que tales soluciones enfocan la cuestión desde la óptica del derecho argentino y han tenido en miras tales contratos pero no en tanto los mismos fueran concluidos por consumidores. Aun cuando tales circunstancias aparecerían casi como evidentes como consecuencia de la posición de debilidad estructural en que se encuentra el consumidor, no puede dejarse de tener en cuenta que la validez o nulidad de la cláusula se encuentra en definitiva sujeta a la

apreciación judicial, con la consiguiente incerteza jurisdiccional y la incidencia en los costes de transacción que ello implica. Y si bien la realidad muestra que a la hora de juzgar la validez o nulidad de cláusulas de prórroga de jurisdicción en contratos internos concluidos por consumidores la jurisprudencia y la doctrina argentinas parecen inclinarse por su nulidad¹² no puede desconocerse la existencia de algún antecedente en sentido contrario¹³. A partir de advertir esa calificación dual a la que aludíamos, entendemos que las cuestiones vinculadas al consentimiento y a la existencia misma de un verdadero acuerdo de partes deberían ser consideradas como sustanciales y por ende cabría admitir la posibilidad de que fueran regidas por un Derecho extranjero. Así, en la medida en que tal Derecho pudiera contener disposiciones o decisiones jurisprudenciales más claras en cuanto a las condiciones en las que se entiende prestado el consentimiento en un acuerdo de elección de foro en contratos concluidos por consumidores -por ejemplo por establecer la nulidad de pleno derecho de tales cláusulas incluidas en contratos a condiciones generales predispuestas por ausencia de verdadero consentimiento-, encontraremos en el respeto al elemento extranjero la posibilidad de proteger al consumidor internacional. Por lo demás, en la medida en que el derecho extranjero eventualmente aplicable contuviera reglas que en concreto trasuntaran una violación al derecho de defensa, siempre estaría a salvo la posibilidad de su inaplicación a mérito de la cláusula de reserva de orden público. He aquí entonces un primer mecanismo de defensa del que podría valerse un consumidor afectado por un acuerdo de prórroga de jurisdicción a favor de jueces que actúen en el extranjero que requiera la intervención de un tribunal argentino.

II.2 ) ¿Prohibición de prórroga de jurisdicción en contratos concluidos por consumidores?

Pasando luego a la cuestión relativa a la admisibilidad del acuerdo de prórroga de jurisdicción, cuestión que hemos considerado regida por el derecho argentino merced a su calificación como procesal, cuadra preguntarse si existe alguna norma argentina exclusiva o prohibitiva de la prórroga.

En tal sentido se advierte la presencia de algunas normas prohibitivas en materias específicas que,  aun cuando no previstas especialmente para contratos concluidos por consumidores, pueden resultar aplicables a contratos concluidos por éstos aunque, claro está,  sin consideración de su naturaleza especial. Así, por ejemplo el art. 614 de la Ley de Navegación y aunque no en una interpretación indudable podría también considerar tal al art.  16 de la ley 17.418 ¹⁴, no debiendo perderse de vista tampoco la posibilidad de deducir normas de jurisdicción internacional argentina exclusiva de normas de policía.

Sin embargo, no son estas normas –prohibitivas o no de la prórroga o no  según se interprete- sino la existencia de alguna prohibición específica en el derecho argentino en materia de contratos concluidos por consumidores las que reclaman nuestra atención  en esta oportunidad.
Especialmente  nos interesa detenernos en analizar si puede inferirse de lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 24.240, en adelante LDC,  y  sus reglamentaciones una prohibición de la prórroga en esta materia o en todo caso cuál es el alcance que debe darse a tales normas en materia de relaciones de consumo de carácter internacional.

Adelantamos desde ya nuestra posición en cuanto a que la LDC in totum  resulta aplicable en principio sólo respecto de casos nacionales y que no corresponde  tomar sus disposiciones o en todo caso hacerlas  funcionar  como normas de policía aplicables también respecto de casos con elementos extranjeros ¹⁵, los cuales deberán regirse por el Derecho que resulte aplicable como consecuencia del funcionamiento de las normas generales de DIPr.. En consecuencia,  la LDC en bloque sólo será aplicable en la medida en que el contrato se encuentre regido por el Derecho de fondo argentino, lo cual no quita que,  por una parte,  de algunas de sus disposiciones puedan inferirse principios generales integrantes del orden público internacional y que por lo tanto operen como límites a la aplicación del derecho extranjero eventualmente aplicable,  o bien que,  aun cuando la relación se encuentre regido por un Derecho extranjero,  algún aspecto de la relación de consumo –específicamente lo relativo a la admisibilidad y efectos de la cláusula de prórroga de jurisdicción- pueda estar regida por el Derecho argentino merced a su calificación como procesal.

Parece claro que del art. 37 de la LDC no puede inferirse una norma prohibitiva de la prórroga¹⁶. Sin embargo, al enfocar el acuerdo de prórroga de jurisdicción desde la óptica

de las cláusulas abiertas contenidas en el art. 37 de LDC, es fácil advertir que,  aun cuando dependa de las circunstancias del caso, en la enorme mayoría de los supuestos se concluirá que la cláusula es abusiva y por ende será tenida  por no convenida al implicar una renuncia o restricción de los derechos del consumidor o ampliar los derechos de la otra parte ¹⁷¹⁸¹⁹. Por lo demás cabe tener presente que el   Decreto 1798/94 al reglamentar dicha norma considera términos o cláusulas abusivas a aquellas que afectaren inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo de derechos y obligaciones de ambas partes.

En esta línea se inscribe el reciente fallo de la Sala B de la CNCom del 22/6/05 in re  “VOLPI, María Celia y otro  c/ UBS AG (ex Unión de Bancos Suizos) s/ordinario”, más allá de otras interesantes cuestiones que el caso plantea y planteará desde la óptica del DIPr.. En dicho  pronunciamiento, el Tribunal, apartándose del dictamen fiscal, consideró inválida la cláusula de prórroga de jurisdicción ²⁰ con fundamento tanto en el art. 37 de la ley 24.240 como  en el art. 16 de la Constitución de la Nación Argentina haciendo hincapié en la necesidad de “tutelar a la actora (contratante débil) contra la imposición de esquemas negociales unilateralmente predispuestos”, destacando que “La debilidad en materia interpretativa no alude a sector, clase social o categoría sociológica , sino a la percepción realista de que hay múltiples situaciones de debilidad jurídica en la contratación”. Para así resolver, el Tribunal, tuvo en consideración una serie de indicadores: a) en tanto frente a idénticas contingencia opera de forma desigual, se infiere un “evidente desequilibrio entre los contratantes”; b)  los contratos base del proceso se estructuraban a partir de estipulaciones unilateralmente predispuestas por el banco demandado, los cuales además habrían sido suscriptos en blanco; c) el carácter de

profesional del banco demandado con la consiguiente superioridad técnica frente a la inferioridad técnica, conocimientos y poder negocial de los actores; d) el principio de buena fe como pauta interpretativa; e) la existencia de poderes otorgados por el demandado a favor de abogados locales de lo que infiere la imposibilidad de alegar estado de indefensión por parte del demandado²¹. Según lo expuesto, de acuerdo a las normas vigentes, los acuerdos de prórroga de jurisdicción concluidos entre consumidores según la calificación del art. 1 de la LDC y proveedores en el sentido del art. 2 de la LDC a favor de jueces diferentes a los de su domicilio entrañarán en la mayoría de los casos una cláusula abusiva a tenor de lo dispuesto por el art. 37 de dicha ley y por ende se tratará de un supuesto de prórroga prohibida por la ley, aunque claro está, a partir de una interpretación flexible del art. 1 del CPCCN. He aquí otro mecanismo posible que dentro de los límites del derecho argentino vigente de fuente interna permite proteger al consumidor que ha concluido un acuerdo de prórroga desde la óptica del acceso a la jurisdicción. Admito que se trata de una cuestión opinable puesto que podría interpretarse que las normas en cuestión han tomado en consideración supuestos de prórroga dentro del ámbito del territorio nacional y que el art. 37 de la LDC no resulta aplicable en materia de relaciones de consumo internacionales. En tal caso, si no se aplicara dicha norma y no se constatare ningún otro elemento que permitiera invalidarla, pues bien, existe a nuestro juicio, otro mecanismo que permite proteger al consumidor en los supuestos que nos ocupan y se vincula a los efectos del acuerdo.

II.3) La no exclusividad como defensa

Tal como hemos destacado, los efectos del acuerdo son calificables como cuestiones procesales y de acuerdo a la doctrina precedentemente citada, se regirían por el Derecho argentino, sistema en el cual en términos generales se predica la exclusividad de la jurisdicción designada²².

Tratándose de acuerdos de prórroga concluidos por consumidores residentes en la República Argentina a favor de jueces que actúen en el extranjero, no puede asignárseles a los mismos el efecto de exclusivos ya que muy difícilmente una conclusión en tal sentido pueda atravesar el tamiz del test de constitucionalidad. He aquí otro mecanismo de protección del consumidor que no por ser el último que analizo ni haber llegado a él luego de hipotetizar el desecho de otros, sea el menos importante.

III.- CONCLUSIÓN

En conclusión, aunque el derecho argentino de fuente interna no contenga normas expresas reguladoras de los acuerdos de prórroga de jurisdicción en contratos internacionales concluidos por consumidores, entendemos que existen algunos mecanismos que por vía interpretativa permiten brindarle un marco de protección.

Carolina D. Iud

Volver a Publicaciones | Ir arriba